Asesinatos y violencia de personas travestis y trans en América Latina y el Caribe.


Por Sayonara Nogueira, desde Brasil

Con el objetivo de aumentar la red para combatir la violencia, el monitoreo de datos y la visibilidad de violaciones de derechos humanos y asesinatos de travestis, mujeres y hombres trans, entre otras identidades transgéneros, fue fundado en la ciudad de Lima, Perú en 2018 el Observatorio de Latinoamérica y el Caribe (LAC), un observatorio sobre la violencia en la región, conformado por países como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Perú, Cuba, México y Guatemala.

La transfobia puede entenderse como prejuicio, discriminación u otra forma de violencia contra las personas en función de su identidad de género. Desafortunadamente, son pocas las personas trans que pueden superar los 35 años y envejecer. La mayor parte de la población trans en América Latina y el Caribe viven en condiciones de miseria y exclusión social, sin acceso a educación, salud, cualificación profesional, oportunidad de inclusión en el mercado de trabajo formal, además de la ausencia de políticas públicas que consideren sus demandas específicas.

Las personas trans son vulnerables en el espacio geográfico, independientemente del tiempo y el espacio. Cada día que pasa, este grupo poblacional es asesinado, golpeado y abusado. Y la América Latina y el Caribe son una de las principales regiones donde las travestis, mujeres y hombres trans son asesinades y violades.

La violencia contra estas identidades ocurre en los más variados espacios, según los datos monitoreados hasta el momento. La calle, el espacio donde la violencia ocurre con más constancia, es destinado a las personas invisibles socialmente. Sin embargo, se observa también la violencia institucional, incluida la familia, la escuela, los servicios de salud y otros, como un lugar de amenaza para las personas travestis y trans.

Los siguientes números no reflejan la realidad de violencia y exclusión impuesta a este segmento, pues la sub-notificación es una de las facetas de esa realidad. Los datos recopilados se refieren hasta la fecha del 11/10/2019.

Todos los casos registrados todavía se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pt-BR&mid=15bO1d4i5MSNxwyKP5JlkSPKFdwqcJgnN&ll=4.255451353128797%2C-51.011041750000004&z=-1&fbclid=IwAR0bqvPU-sJdKMUaGH4WgrxBEaSlK-rKhgEj7E4GywBmZQrraf2i1NjzSsE

De este modo, se percibe que el Estado necesita intervenir de forma que disminuya esta violenta discriminación, sufrida por las personas que integran este grupo poblacional, y les ofrezca condiciones dignas de educación, trabajo, vivienda y calidad de vida. El principio de la dignidad de la persona y los derechos humanos garantizan el resguardo de la integridad física y moral, la privacidad y el propio cuerpo. Se exige así una acción estatal para que esta población pueda gozar de estos derechos garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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