CHILE: “Las compañeras trans y travestis pasan hambre”

Chile se encuentra en una situación epidemiológica muy grave, con un récord de contagios de aproximadamente 4600 casos por día y un total de 4900 muertes contabilizadas por COVID-19. La situación es verdaderamente crítica para la comunidad TLGBI, pero sobre todo para las compañeras trans y travestis que tienen como único sustento económico la prostitución. Es por ello que desde Agencia SUDAKA hemos entablado diálogo con María del Pilar Barrera, presidenta del Colectivo Liberación de Géneros y DDHH de la ciudad de San Felipe, quinta región.

Por Gonzalo Carranza

María del Pilar Barrera, es activista por los derechos humanos, y en exclusiva, nos dialogamos con elle sobre las situación de extrema vulnerabilidad que está atravesando el colectivo trans y travesti en San Felipe. Al respecto nos decía: “nosotras hemos realizado una denuncia contra el Ministerio de Desarrollo Social, porque han fraccionado información muy relevante resultado de encuestas en el registro social de hogares. Lamentablemente, existen personas que figuran con sueldos superiores a 950 mil pesos, y son compañeras que viven de la prostitución como único sostén, que se encuentran cesantes de sus actividades por el aislamiento de la región y los altos niveles de contagio.

Desde la organización que dirige María del Pilar denuncian que, aproximadamente, 17 compañeras de la diversidad sexual se ven afectadas por los errores del censo. “Esto las dejo sin la posibilidad de percibir los bonos de ayuda social que está otorgando el gobierno para paliar la crisis” denunció. En este sentido, señala que a causa de dichos errores las compañeras no están registradas, por lo que no solo no pudieron acceder a dichos beneficios, sino que ni siquiera pudieron postularse porque el tiempo de inscripción ya venció. “La situación de las compañeras es muy grave“, enfatizó la militante.

Como una de las medidas primordiales que han estado estudiando, ya se ha tomado la decisión con el Director del Colectivo de Géneros y Derechos Humanos de San Felipe, que si esto no llega a una solución en un lapso de corto plazo, procederán a hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque sostienen que el Estado chileno, viola las garantías constitucionales de las compañeras de la comunidad.

En línea con lo anterior, Maria del Pilar explica que, en articulación con el Municipio, han logrado establecer una olla popular para el pueblo, con el fin de que todas las personas de la comunidad que viven en estado de indigencia, puedan recibir alimentos en diferentes lugares de la ciudad. “Nosotros hemos iniciado una campaña de recolección de alimentos no perecederos en apoyo a las compañeras que no tienen ingresos de dinero y están pasando hambre. Hoy no solamente se está castigando con el tema de la cuarentena, aquí se está encarcelando la pobreza. Por ir a comprar te llevan detenido y nuestras compañeras estas desesperadas”, remarcó Barrera.

El Colectivo de Liberación es una organización que fue constituida hace muy poco, y desde el año 2019 vienen realizando un arduo trabajo sobre el territorio. En un contexto en el que, después de enfrentar 40 años de un gobierno de derecha que violentó sistemáticamente sus derechos, había mucho por reconstruir. La historia cambió cuando en febrero empezaron a reorganizarse con el apoyo de Rolando Jiménez, reconocido político y activista LGBT chileno, integrante del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En la actualidad, están haciendo gestiones con el municipio para poder festejar el mes del orgullo: “Durante 40 años nos costó mostrarnos, porque gobernaba la derecha que nos vulnera constantemente. Ahora hay un intendente independentista que apoya a la diversidad, sin embargo no es el caso del gobernador de San Felipe”, en referencia a Claudio Rodríguez Cataldo que asumió a su cargo en 2018.

San Felipe es una comuna y ciudad, capital de la provincia de San Felipe de Aconcagua en la Región de Valparaíso, Chile; y se encuentra, al igual que muchas comunas, en régimen de aislamiento por la avanzada del COVID-19 que viene causando estragos en todo el mundo. Situación que hermana el pueblo chileno con tantos barrios populares que en nuestro país, si se permite hacer un breve paralelismo, se encuentran en una situación similar, y las condiciones de las compañeras en Argentina, es igualmente crítica. Muchas de ellas ejercen la prostitución como único ingreso económico, viven hacinadas en pensiones o cuartos, y con escasas posibilidades de cubrir sus necesidades básicas de alimentación y cuidado de la salud, sin ninguna facilidad de acceso a las medidas sanitarias elementales para prevenir el contagio.

Lo dicho hasta aquí demuestra, una vez más, que la extrema vulnerabilidad que atraviesa el colectivo travesti y trans en la región, es acuciante. A casi cuatro meses de haberse decretado la pandemia por el COVID-19, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben hacer un reconocimiento efectivo de la situación, y decretar la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional. En esa tarea, el rol de las organizaciones de la sociedad civil se vuelve fundamental, tal y como nos relató María del Pilar Barrera, para visibilizar esta demanda y exigir a los Estados, la gestión de políticas de discriminación positiva para nuestro colectivo. 

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