COVID EN CONTEXTO DE ENCIERRO

Por Julio Villafañe

Desde antes que la pandemia frenara el mundo, tal como lo detallaran las denuncias y el trabajo de múltiples organizaciones por los Derechos Humanos en el país, las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las cárceles argentinas son un agravamiento de las exclusiones, vulnerabilizaciones y violencias a las que están sometidas la mayoría de las personas de menores de recursos de la sociedad.

Según lo descrito en el informe de OTRANS, la situación de las compañeras trans y travestis en las instalaciones carcelarias de  la provincia de Buenos Aires, es una clara violación a los derechos de las mismas en tanto acceso a la salud, a condiciones de habitabilidad, a un real y genuino acceso a la justicia que contemple la realidad de las disidencias sexogenéricasa la hora de juzgar y, en particular a la hora de poder brindar nuevas

oportunidades.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Estado nacional en todo el territorio, agravó la situación en tanto se vieron restringidos o suspendidos los horarios de visitas, de los cuales dependía gran parte de la provisión de alimentos para muchas de las personas encarceladas. Y al riesgo insalubre de las malas condiciones de habitabilidad por el hacinamiento, la precariedad, la falta de productos de higiene, el escaso acceso a la salud, se suma la circulación del personal penitenciario.

Los agentes de los servicios penitenciarios no estuvieron protegidos desde el inicio de la cuarentena y, menos aún, lo estuvieron las personas privadas de su libertad, para quienes el riesgo de contraer la infección se incrementa al estar en contacto directo con aquellos. Incluso esta Agencia, recibió testimonios de chicas trans que elaboraban los tapabocas para que usara el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

 “Elaboramos 500 tapabocas para que los usaran ellos, porque nosotres ya estábamos haciendo la cuarentena, y nunca los usaron. Cuando yo les preguntaba por qué no los usaban me decían que se los habían robado. Para mi que los vendieron”, según confirmó una de las fuentes consultadas. A su vez, también nos informa que aún están privadas de su libertad compañeras que son asmáticas, cuya salud corre serio riesgo por el deterioro de su sistema inmunológico al no estar recibiendo el tratamiento adecuado por la falta de atención médica.

En la Unidad Penal 42, de Florencia Varela, un hombre de 49 años, privado de su libertad, dió positivo por el test del COVID-19. A raíz del caso, diez guardiacarceles y el mismo director del penal fueron puestos en cuarentena para preservar su salud.

¿ Y la salud de les internes?

En primer lugar, la situación era evitable tomando todos los recaudos sanitarios , tanto para el trabajo del SPB como para la persona infectada cuya condición de enfermo crónico (necesita dialisis tres veces a la semana) le permitía acceder a la prisión domiciliaria según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el fallo del Tribunal de Casación en el que el juez Víctor Violini resolvió la prisión domiciliaria de los sectores vulnerables (esto es, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas).

En segundo lugar, aún la expansión de la infección es contenible si se toman en cuentas las recomendaciones de organizaciones internacionales y de parte de la justicia que contempla los mecanismos necesarios para salvaguardar la salud de todas las personas.

Tal como indica el artículo 18 de la Constitución Nacional:  “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas […] la obligación y responsabilidad (del Estado) de dar a quienes estén cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”.

Desconocer estas garantías constitucionales es responsabilidad de los jueces que, por acción u omisión, así lo permitan.

Además, debe tomarse en cuenta que según los Fundamentos del Programa de Salud en Contextos de Encierro “el acceso a la salud de toda la población, como obligación del Estado no implica que éste deba tan sólo proteger la ausencia de enfermedad, sino que debe tender al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (Fundamentos, Programa de Salud en contexto de Encierros- Resolución 1009/2012).

Otra de las personas consultadas por esta Agencia SUDAKA, una chica trans detenida en el penal de Florencio Varela, informó que el trabajo de sanidad dentro de la penitenciaría es muy inconstante, hace un mes no recibe los medicamentos para su tratamiento retroviral por HIV y hay 4 personas más en su misma situación. No sabe cuando los recibirá, porque pese a tener los estudios al día, la medicación es entregada aleatoriamente, a veces, argumentando algún error en los informes realizados por lxs mismxs internxs.

Esta falta de atención en salud expone a las compañeras seropositivas a cualquier enfermedad oportunista, y deja en evidencia la negligencia del sistema carcelario a la hora de atender las necesidades reales de la población detenida, persistiendo aún la demora en la resolución de las morigeraciones de las condenas para las personas que son parte de los sectores en riesgo por la pandemia del COVID-19. La misma fuente indica estar aguardando aún una respuesta para poder acceder a la prisión domiciliaria, cuando ya ha pasado una semana de la presentación de todos los informes, y la confirmación del domicilio y de un responsable.

La Comisión Provincial por la Memoria, en tanto Mecanismo Local  de Prevención de la Tortura, participó de la mesa de diálogo en la UP 48 de San Martin junto a representantes de los pabellones en la que se reclama al sistema judicial y penitenciario que comprendan y actúen acorde a la gravedad de la situación.

“En una segunda reunión que duró más de siete horas se sumaron representantes de las personas detenidas en las unidades penitenciarias 1 de Olmos, 9 de Plata, 31 de Florencio Varela, 39 de Ituzaingó, 46 y 47 de San Martín. En esta jornada se invitó a participar al juez Víctor Violini, vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro Dr. Leonardo Pitlevnik, el juez de ejecución penal de San Isidro Alejandro David, el Defensor General de Lomas de Zamora Germán Bauché y otros funcionarios judiciales. Por el Ministerio de Justicia provincial participaron la subsecretaria Ana Laura Ramos y otras autoridades del organismo. También estuvieron presentes representantes de la Universidad de San Martín y referentes de organizaciones sociales que trabajan en el complejo penitenciario. Por la CPM participaron Roberto Cipriano García y Sandra Raggio (que también lo hicieron el día lunes) y el padre Pepe Di Paola.

El Dr. Violini expuso los alcances del fallo de Casación y su aplicación concreta a cada caso, remarcando la obligatoriedad de los jueces de su cumplimiento, y de la grave falta de los magistrados si así no ocurriera, que es lo que está ocurriendo. Las personas detenidas denunciaron ya que son numerosas las morigeratorias denegadas, contrariando lo dispuesto por Casación”.

Nota completa: http://www.comisionporlamemoria.org/la-hora-de-la-justicia-descomprimir-el-hacinamiento-para-salvar-vidas/

La gravedad de la situación, y la tardía respuesta que el Estado intenta dar para las poblaciones carcelarias de todo el país y para las compañeras trans en particular, exige un genuino compromiso por el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos de toda la sociedad, con un esfuerzo mayor por aquellas personas que históricamente han sido marginadas, violentadas y vulnerabilizadas como lo son las trans y travestis, cuyo destino asignado por este cistema es la prostitución obligatoria, la muerte o la cárcel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *