Salud y privación de la libertad

Por Eugenio Talbot Wright

La República Argentina mediante la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, ha incorporado con jerarquía constitucional, a través del art. 75 inc.22, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. La circunstancia de que una persona esté privada de su libertad, no implica la supresión de los derechos y garantías que hacen a la dignidad de las personas, en consonancia con nuestra Constitución, y los Pactos y Convenciones de Derechos Humanos. Esta obliga al Estado, a promover los derechos de las personas en situación de encierro, tales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad, y al acceso a la salud.

Sin embrago estos derechos son sistemáticamente vulnerados en los lugares de encierro de nuestro país.

Un ejemplo de esto es lo que sucede en la  Unidad l Nº 32 de Florencio Varela.

Desde este penal, SUDAKA tlgbi accedió a escuchar el relato de una compañera trans, quien denunció, en primera persona, el calvario que viven, en el contexto carcelario, las personas con problemas de salud.

Para preservar su identidad, llamaremos RR a la joven detenida quien nos brindó el siguiente testimonio**:

ETW – ¿Cuál es la situación que usted  está viviendo en la unidad penitenciaria?

RR – Hace tres meses que no me estaban dando la medicación para el VIH, por lo cual yo comencé a sentirme muy mal. Pero ahora,  de la noche a la mañana, me cambiaron la medicación sin hacerme ningún análisis.  Y cada vez que llamo al juzgado para reclamar lo que me sucede,  se enojan.

ETW – ¿Cómo  funciona el sistema de salud dentro del penal?

RR – El sistema sanitario acá es un asco y creo que en todos los penales pasa esto. 

Todo te lo solucionan con un ibuprofeno. No te dan nada.  Vivimos renegando. Siempre el problema va a ser sanidad.

Mi situación es desesperante. No sé ni siquiera quién es mi juez, porque llamo siempre a mi juzgado y no me dicen nada.

Lugo de sufrir dos días de intensa fiebre, me comuniqué  con la presidenta de la Organización OTRANS ARGENTINA, y ese mismo día me llamaron para que me saquen sangre. Pero, supuestamente, los resultados me los tiene que dar a fin de mes.

O sea, tengo que esperar otro mes más sin la medicación adecuada.

ETW – ¿Quién es el encargado de realizar los controles sanitarios?

RR – El encargado de hacer los informes no es ni un médico ni un enfermero, si vamos a la realidad. Esa función la está realizando otro detenido.  

El 29 del mes pasado llamó mi defensora, diciéndome que el juez había pedido un informe sobre mi estado de salud, informe que nunca llegó.

Por esta irregularidad, se presentó el sábado pasado 9 de mayo una médica a la cual le comenté lo que sucedía en el penal. Ella solo dijo “bueno”, y fue el anteriormente mencionado detenido, quien realizó el informe.

ETW – ¿Quién está autorizando la medicación?  

RR  – Supuestamente el infectólogo viene todos los lunes, pero con esto de la pandemia se está lavando las manos.

Pero no es él el encargado de repartir la medicación. Y al final, terminás sin remedios o como me está pasando, con nuevas  drogas que me recetaron sin tener los resultados de ningún análisis, drogas que, además, están vencidas y que no pienso tomar, porque estoy segura que estoy poniendo en riesgo mi vida.

Están jugando con nuestra salud.  

Yo hablo por mí, y por los demás chicos y chicas que sufren distintas enfermedades.

Acá no te dan nada, no te dan bola.

Solo cuando estás a punto de morirte, ahí con suerte te pueden brindar alguna atención

Para que las cuestiones sanitarias tomen curso, tenés que pactar con este otro detenido que mayormente vive dentro de sanidad, y es quien hace informes sanitarios y psicofísicos.

Te llama, te revisa. Ni siquiera al lado de una médica. Te dice: “estás ben, firmá acá”.

Los presos no conocemos la cara del director de sanidad, porque no da la cara.

Yo espero que esto se revierta, y que podamos tener acceso a los derechos que nos corresponden.

El testimonio de RR pone en evidencia la violación de los  Principios de universalidad y equivalencia: art. 143 de la Ley de Ejecución Penal. El cumplimiento de este principio, no solo depende del efectivo acceso de todas las personas al sistema sanitario y a la atención médica, sino que implica la necesidad de brindar seguimiento y control oportuno, de modo de maximizar su bienestar físico, psíquico y social.

** Cabe aclarar que RR denunció la situación que padece a la Asociación Civil OTRANS ARGENTINA que, a través de la Comisión Provincial de la Memoria, presentó un Hábeas Corpus que aún no ha sido respondido.

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