ASOCIACIONES CIVILES FRENTE A LA EMERGENCIA CARCELARIA.

Por Julio Villafañe

Durante la jornada de ayer, en un contexto saturado de noticias que dan cuenta del, hasta ahora, aspecto más invisibilizado del aislamiento y la emergencia biosanitaria mundial, se presentó ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires una serie instrumentos jurídicos colectivos de parte de las Asociaciones Civiles La Cantora, OTRANS-Argentina y Familiares de Detenidos, para hacer frente a la emergencia sanitaria y habitacional en las cárceles.

El escrito fue presentado por la Asociación Civil La Cantora, de vasta trayectoria y militancia por la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Azucena Racosta, su presidenta, firma junto a Oscar Rodríguez, patrocinador letrado, un documento conjunto con un Amicus Curiae de OTRANS- Argentina, firmado por su presidenta Claudia Vásquez Haro; y un escrito similar de ACiFaD (Asociación Civil de Familiares de Detenidos), cuya presidenta es Andrea Casamento.

La fuerza de la alianza estratégica se potencia en este momento a partir de la necesidad y urgencia de la sociedad civil, y por la oportunidad de lo que desde el Hábeas Corpus se define como una instancia de diálogo jurídico “indispensable en esta realidad que no dejará que se aposente ninguna decisión por mucho tiempo, sino que la jurisprudencia se verá en la obligación de estar atenta a los desafíos permanentes de la pandemia”.

El escrito presentado basa sus fundamentos en el reconocimiento de la población carcelaria como “grupo históricamente excluido o en especial riesgo”, por las vulnerabilizaciones estructurales atendiendo a las recomendaciones de descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles que diera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado tres de abril.

 El instrumento jurídico es entonces colectivo en tres sentidos:

-Atendiendo los derechos y las garantías que el artículo 18 de la Constitución Nacional prevé para cada persona privada de su libertad, según el cual, el acceso a la salud es responsabilidad del Estado mismo.

-Atendiendo a la salud y el cuidado de la misma de todo el personal que se ve afectado por su trabajo en las instituciones carcelarias.

-Atendiendo a la sociedad toda en pos de reducir la circulación de personas que podrían favorecer la expansión de la infección como ya ocurrió con empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

En el documento que acompaña este Hábeas Corpus firmado por Claudia Vasquez Haro, la Asociación Civil Otrans Argentina que nuclea, en su mayoría, al colectivo travesti trans y migrante del país, específica la pertinente participación de la Asociación por la pronta y favorable resolución del HC a partir de datos obtenidos por el informe y trabajo en cárceles que OTRANS realizó, atento a la situación de las compañeras travestis trans privadas de su libertad.

Uno de los datos más relevantes para la situación es el gran porcentaje de la población demarcada con enfermedades preexistentes en relación a la población cis. Un 73,3% tiene alguna enfermedad crónica preexistente, del cual, el 59% es HIV – SIDA. De ese total, un 35% afirma haber necesitado atención médica del SPB y no haberla recibido, y dentro de quienes recibieron la atención solicitada, no todas pudieron cumplir con un tratamiento adecuado por falta de medicación o una dieta correspondiente y malas condiciones de higiene de los pabellones.

En lo que respecta a la situación procesal, sólo un 30% de la población travesti trans detenida está con condena firme, el resto de las entrevistadas, están procesadas o incluso desconocen su situación. Similar al 30% que desconoce si su causa es o no excarcelable.

ACiFaD, en su documento, solicita al finalizar que se convoque a la instancia de diálogo al Ministerio de Salud de la Provincia para dar cuenta de la gravedad sanitaria que provoca el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles.

También refiere a la responsabilidad estatal por el respeto, fomento y protección de los Derechos Humanos en tanto compromiso internacional, por la adhesión a tratados internacionales como el Pacto de San José. En el mismo sentido, cita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachellet, quien resaltó el riesgo que implica mantener privadas de su libertad a personas que forman parte de los grupos de riesgo ante la pandemia mundial por el COVID-19.

El HC también aporta datos concretos sobre la realidad de las cárceles que antecede al escenario pandémico actual. Extraídos del informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, indica que la falta de atención médica por profesionales, y la poca profundidad en los estudios junto al incumplimiento de los tratamientos, son las causas asociadas a la producción de muertes bajo custodia.

También informa que a diciembre del año 2019, la sobrepoblación era de un 110%. Esto es, vivían 3 personas en celdas para 1, y hasta 18 en celdas para 6.

En tanto, refiriendo a la composición de la población de personas privadas de la libertad, indica que del total, más de 2000 tienen enfermedades preexistentes (HIV, diabetes, tuberculosis, afecciones respiratorias), más de 600 son mayores de 65 años y aproximadamente 90 son madres con niños o están embarazadas.

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