Chubut: Organizaciones TLGBI denuncian violencia mediática

Por Casandra Sandoval y Matías David Rodríguez para SUDAKA TLGBI

Organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Chubut denunciaron, públicamente, el tratamiento mediático que se está brindando en torno a la aprobación del Proyecto de Ley de Cupo Laboral en la industria pesquera, que obliga a contar entre sus empleades, con un 1% de personas travestis y transexuales, y un mínimo de 30% de mujeres.

En un comunicado publicado por la Marcha del Orgullo Chubut, solicitaron a les comunicadores locales que respeten la Ley 26.743 de Identidad de Género, a la hora de referirse a la comunidad travesti- trans.

La denuncia se enmarca en un hecho sucedido en el programa denominado “Redacción 20”, que en su emisión del 27 de mayo, mencionó a las personas trans como: “Un travesti”. El programa se emite por la emisora LU 20, y  tiene por responsable al periodista y conductor Carlos Di Filipo (foto).

Carlos Di Filippo

Yamila Gisell Millanao, dijo a Agencia SUDAKA TLGBI: “Usar el término ´un travesti’ es absolutamente peyorativo y discriminador hacia nosotras. Muchos comunicadores siguen violando la Ley de Identidad de Género con demasiada impunidad”

Además señaló: “Este proyecto, presentado por la senadora González, está siendo interpelado por un sector de la pesca que dice que no está prohibido el ingreso de mujeres y personas travesti-trans a la flota pesquera. Pero en realidad están desconociendo nuestra historia de exclusión sistemática”. 

Estas afirmaciones, según la referenta de MTA (Mujeres Trans Argentina),están negando que exista discriminación y violencia hacia nosotras por ser travestis y trans“. En esa medida, reflexionó sobre la necesidad que “el sector marítimo deba hacer una reparación hacia nuestro colectivo y asegurarnos el ingreso para poder trabajar”.

El proyecto fue celebrado por las organizaciones TLGBI de Chubut, ya que significa una alternativa de acceso real al empleo formal para esta población. En palabras de la propia militante, “Nosotras celebramos el proyecto de la senadora González, que por lo menos tiene en cuenta al colectivo travesti-trans. Quizás esto pueda ser un acceso real al empleo de compañeres que les interese trabajar en esos espacios, que sabemos, son un poco peligrosos… Pero qué más peligroso que estar parada en una esquina, expuesta a la violencia, a los abusos y violaciones, a los abusos… expuestas a los golpes, que te maten”.

El proyecto de Ley

El proyecto obtuvo media sanción en el Senado, con 52 votos afirmativos y 3 abstenciones de los senadores nacionales de Juntos por el Cambio. La propuesta fue presentada por la legisladora chubutense Nancy González (FdT), que en su discurso en la Cámara Alta, afirmó: “Esta iniciativa parlamentaria, pretende visibilizar el rol y la presencia de las mujeres en el sector marítimo. Y también, compensarlas por la discriminación que sufren, actualmente, por materia de género”. 

El proyecto de ley, modifica el artículo 40 del Régimen Federal de Pesca, en vigencia desde 1998, que establece para la tripulación de los buques pesqueros las siguientes estipulaciones: “a) Las habilitaciones de capitanes y oficiales se reservan para los argentinos nativos, por opción o naturalizados; b) El 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo de los buques pesqueros debe estar constituido por argentinos o extranjeros con más de diez (10) años de residencia permanente efectivamente acreditada en el país; y c) En caso de requerirse el embarco de personal extranjero, ante la falta del personal enunciado en el inciso anterior, el embarque del mismo será efectuado en forma provisoria cumpliendo con las normas legales vigentes. Habiendo tripulantes argentinos en disponibilidad, la tripulación debe ser completada con ellos” (Ley 24.922).

Las modificaciones mencionadas, incorporan dos incisos: el primero indica, que “como mínimo el 30% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por mujeres”. Y el segundo, estima que “como mínimo el 1% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por personas travestis, transexuales y transgéneros”. Y se subraya que “bajo ningún aspecto este porcentaje será limitante de un número mayor para el acceso de las personas protegidas” por la ley.

Al respecto, Nancy González afirmó: “Las mujeres son discriminadas porque aducen que no responden físicamente al trabajo que se realiza en un buque pesquero. En la actualidad, la verdad, que la tecnología ha avanzado de sobremanera, y es muy distinto el trabajo que se realizaba, hace mucho años”. Y enfatizó: “Contamos con un gran número de mujeres formadas para estas tareas, pero siempre son las últimas en subir a los barcos”.

Régimen de Promoción

Para llevar adelante la normativa se pretende, crear un Régimen de Promoción del acceso, la participación y permanencia de las mujeres, travestis y trans. De esta manera, se le otorgará a las empresas que cumplan con estos porcentajes beneficios fiscales, siempre que acrediten haber cumplido con dichos porcentajes establecidos por ley.

Cabe destacar, que este régimen de promoción es para todos los puestos que se desarrollan en un buque pesquero. No solo con las labores de marinere u oficial de cubierta, también quedan incluidas aquellas que sean de jerarquía, como capitanías. Estos incentivos prevén extenderse por diez años para quienes fomenten de manera progresiva que sus tripulaciones dejen de estar constituidos exclusivamente por varones. 

También se presentó un Programa de Capacitación para el personal marítimo a través de la Prefectura Naval Argentina en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y se propuso crear la Oficina de Consejería de las Mujeres y de las Diversidades en el Ámbito Marítimo, bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero. La misma tendrá, entre otras funciones, la de elaborar datos certeros de las mujeres, travestis y trans que serán empleadas.

Durante la intervención de la senadora del Frente de Todos por la provincia de Chubut, se señaló que será necesario un mínimo de cinco años para alcanzar la totalidad de la vigencia de la ley y las metas de ocupación, a partir del inicio de su implementación.

El proyecto ahora espera su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.


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