La mano mocha de la política pública municipal

Por Eugenio Talbot Wright
Foto: Selfie – imagen difundida por los medios de la ciudad de Córdoba.

Uno de los temas que estuvieron dentro de la agenda Municipal de la ciudad de Córdoba, a fines de la anterior gestión del radical Ramón Mestre (hijo), como durante la actual de Martín Llaryora (de la mano del Schiaretismo), ha sido el tema de la inclusión/cupo laboral trans y travesti.

Muchos integrantes de la mencionada población nos enteramos el día 24 de abril que la Municipalidad anunciaba rimbombante, a través de uno de los diarios más importantes de la provincia, que  “La inclusión laboral trans sumó otro avance en Córdoba”.

La primera pregunta que surge ante tremenda titulación es cuáles han sido los avances anteriores que se suman a este supuesto logro. 

La verdad es que desde finales de octubre de 2019, cuando  el proyecto para instituir el cupo laboral trans en la Municipalidad de Córdoba no consiguió los votos y volvió a comisión, ninguna acción concreta fue implementada para solucionar la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra nuestra población.

Lo único que podemos sumarle a la política de “inclusión y cupo” que viene llevando adelante el Estado Municipal -junto con el Provincial, del mismo selloes el obsceno uso político que se viene repitiendo sistemáticamente de las necesidades de la población LGTB y en particular de la Trans – Travesti.  

Para muestra, un total de 15 mujeres trans hoy están realizando tareas de mantenimiento (pintura, cortado de césped, barrido, entre otras) en la costanera de la ciudad de Córdoba por lo que reciben, según publica el diario La Voz: “una especie de beca de 10 mil pesos por cuatro horas de trabajo diarias”.

Sin aportes previsionales, contribuciones a la seguridad social y acceso a una obra social, las personas necesitadas de trabajo nuevamente son parte de la propaganda política que intenta hacer pasar, lo que a las claras es una quita y desconocimiento de derechos laborales, como suma y avance en materia de una supuesta inclusión. Políticas como éstas, no permean estructuralmente en la situación específica que atraviesa históricamente el colectivo, y sigue dejando a las personas más necesitadas en al arbitrio de una absoluta precariedad, carente de todo derecho laboral. 

Como si fuera poco, la retribución económica, dispuesta a través de esa “especie de beca”, es pintada y barnizada como conquista, cuando el propio Secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad de  Córdoba, Raúl La Cava, declara: “Es una primera etapa. Queremos trabajar en una política para incluir a los sectores de la diversidad, ya que tienen una doble vulneración a sus derechos (por la discriminación y por la pandemia). Nos pareció que el programa Servidores Urbanos era una forma concreta de darles una mano”.

Evidentemente, la mano de la que habla el señor La Cava, viene mocha en la ciudad de Córdoba, pues con la implementación de esta “beca” no se ha sumado ninguna política pública efectiva de acceso laboral formal, o al menos, de inclusión laboral. Una “política”, carente de derechos de acción afirmativa para las compañeras que están realizando una tarea  de servidoras, además, las deja por fuera del reconocimiento en tanto que trabajadoras.  

Todo lo cual demuestra que, en el contexto actual, con políticas cosméticas pensadas por fuera de tales condiciones estructurales, la deuda del Estado municipal (y provincial) cordobés, con el colectivo travesti y trans, sigue vigente, y es más urgente que nunca. 

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