Las problemáticas de acceso a la salud sexual de la población travesti trans en Argentina

Por Redacción Agencia Sudaka TLGBINB

La semana pasada fue noticia el llamado a licitación que realizó el Ministerio de Salud de la Nación para comprar materiales para la promoción de cuidados en salud sexual, en particular para la prevención de infecciones de transmisión sexual. 

Entre los materiales requeridos por la Dirección de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, en la resolución 35 de 2021, se encuentran 10.000 dispensers de preservativos; 10.000 penes de madera pulida y 10.000 maletines; a distribuir en Centros de Atención Primaria de Salud, Programas Provinciales y Municipales de Prevención, regiones sanitarias y distintas organizaciones que trabajan en la promoción y educación en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

A partir de esta licitación, distintos medios de comunicación hegemónicos de nuestro país  polemizaron la compra con titulares como: “Salud gastará 14 millones de pesos en penes de madera”. El cuestionamiento en torno a la decisión del Ministerio de Salud invita a pensar sobre la necesidad de que el Estado implemente la Educación Sexual Integral y sobre cuál es la población que accede a los servicios de cuidado de su salud sexual y derechos reproductivos y no reproductivos. 

Las leyes

En nuestro país existen múltiples legislaciones que contemplan el acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Una de ellas es la Ley N° 25.673 por la que se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tal como establece su articulo n°3, el Programa está destinado para toda la población sin ningún tipo de discriminación y tiene como objetivos: “alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia”; “contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias”; “Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”, entre otros puntos.

Por otro lado, la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006, garantiza el acceso a información científica, verídica, libre de discriminación y que promueva la diversidad. Además, la Ley N° 26.743 de Identidad de Género también constituye un eje fundamental para pensar el rol del Estado en la protección de las identidades de género en nuestro país. Esta legislación, en su artículo 11 fundamentalmente, crea los programas que establecen la gratuidad y el acceso igualitario a métodos que permitan intervenciones médicas para la atención médica integral respetando la identidad de género autopercibida.

Estas leyes forman parte de un gran paraguas legal que abraza medidas como las tomadas recientemente por el Ministerio de Salud, que pretenden ampliar horizontes de formación, capacitación y acceso a la información.

La falta de recursos, la desinformación, el estigma, la discriminación, las trabas para la implementación de las normativas, efectuadas por los sectores conservadores de nuestro país conforman una situación problemática para garantizar el acceso a la información y a la salud de las poblaciones más vulnerables en Argentina como lo son las travestis, trans, lesbianas, gays, no binaries, intersex y las mujeres.

Las cifras

Según Fundación Huésped la tasa de casos de sífilis reportados en varones y mujeres jóvenes y adultos se cuadriplicó entre 2013 y 2018”. Esto significa que en Argentina se pasó de reportar 11,7 casos por cada 100.000 habitantes a 50,4. La mayor prevalencia de la enfermedad se da en jóvenes de entre 15 y 24 años. Otra de las cifras preocupantes corresponde a los embarazos jóvenes no intencionales que corresponden al 70% de los embarazos que se producen en personas de entre 15 y 19 años y al 80% de los que se producen en menores de 15 años. Sin embargo, ninguna de estas cifras contempla una diferenciación entre personas cis y población travesti trans.

En relación a esto último resulta fundamental destacar los datos correspondientes a la problemática de la falta de información y la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual en la población travesti trans. Sobre ello, el documento “Ley de identidad de género y acceso al cuidado de la salud de las personas trans en Argentina” presentado por la misma Fundación Huésped, en el año 2018, indicó que de las 498 personas travestis y trans entrevistadas, el 78,6% no tiene ningún tipo de cobertura médica adicional que no sea la garantizada por el Estado. 

Si bien el estudio concluyó que hubo una gran mejoría de acceso a la salud, en comparación a los años previos a la Ley de Identidad de Género, la negación al derecho a la identidad autopercibida, las agresiones por parte del personal de salud, la internación o atención en sectores que no se corresponden al género autopercibido, o incluso la negativa a brindar la atención necesaria, son muy frecuentes para las personas travestis y trans.

En este sentido, según el Boletín sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina N° 36 del Ministerio de Salud, en del año 2019 se determinó que la prevalencia de VIH en mujeres trans es de un 34%, mientras que para personas jóvenes y adultas de la población cis, baja al 0,4%. Además, un informe realizado por OTRANS Argentina en el año 2019 indicó que este porcentaje aumenta gravemente en las poblaciones travestis y trans que se encuentran en contexto de encierro (en su gran mayoría sin condena o detenidas arbitrariamente por el estigma y la discriminación): el 73% de las travestis y trans en las cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad, siendo el VIH-SIDA la más habitual.

Por otro lado, si bien la atención a la salud integral está garantizada por la Ley de Identidad de Género N° 26.743, muchas veces el acceso y/o los recursos en las instituciones públicas de salud son escasos, es por eso que la tendencia a las prácticas riesgosas aumenta. Sobre esto también se relevaron los siguientes datos: el 68% de las 452 mujeres trans entrevistadas mencionaron haber realizado tratamiento hormonal, de las cuales, el 54,4% declaró que las hormonas fueron administradas por cuenta propia y sólo en el 19,8% se realizó el procedimiento bajo supervisión profesional. 

Asimismo, otra cifra preocupante es la que indica que el 61,2 %se inyectó aceite industrial para realizar modificaciones corporales. La mayoría de ellas lo hizo con ayuda de otra persona.

La lucha

Los datos obtenidos por las organizaciones en estudios realizados con los sectores de la población más vulnerabilizados indican la necesidad de acciones y políticas públicas que respalden, informen, apoyen y acompañen a las personas travestis y trans en el sistema de salud argentino para revertir el número más doloroso de todos: la expectativa de vida de las travestis y trans en nuestro país es de 35 años.

La Ley de Identidad de Género en su artículo 11 establece el derecho al libre desarrollo personal, que determina que todas las personas mayores de 18 años pueden, a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.

Sobre eso, al momento de la sanción, Lohana Berkins – una de las referentas e impulsoras de la legislación – declaró: “Nosotras decíamos que la identidad de género se encarna en un cuerpo, no está en el aire. Esto es lo que queríamos que el proyecto contuviera. Si la identidad es un derecho humano primordial, también lo es la salud. No había nada que separar. No había que discutir sobre la cuestión de si primero la identidad y luego la salud”.

Claudia Vasquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina, en el marco de los debates por la Legalización del aborto declaró en el Congreso que el acceso a la salud para las personas trans y travestis históricamente se encontró determinado por el maltrato y discriminación. Además destacó la frecuencia del prejuicio generalizado de quienes integran las instituciones y los equipos de salud y la gran desinformación de les trabajadores de la salud sobre las necesidades de la población travesti y trans.

En aquella presentación, la referenta también destacó que aunque desde la sanción y reglamentación de la Ley de Identidad de Género muchas de las prácticas violentas y/o riesgosas para la salud de las travestis y trans se redujeron notoriamente, aún queda pendiente que el personal de salud se forme de manera integral para la atención de todas las identidades de género. Una formación integral para atender las necesidades particulares de la población travesti trans y para entender que la salud es una cuestión que va más allá de la ausencia de enfermedad. Que involucra el respeto por la identidad, el acceso a la vivienda digna, el acceso a un empleo, entre otras cuestiones básicas que afectan a la salud integral.

Además, durante los últimos años -en la pandemia por la crisis sanitaria, pero particularmente, durante los cuatro años de recorte y ajuste del gobierno macrista- los obstáculos en los servicios sanitarios para las personas travestis y trans fueron múltiples. Los faltantes de tratamientos hormonales y de medicamentos para tratamientos para el VIH fueron solo algunas de las problemáticas que tuvieron que atravesar.

La prevención

Un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) determinó que durante la pandemia el 70% de la población trans tuvo algún tipo de emergencia sanitaria, de las cuales el 60% afirmó que recibió atención en primera instancia por parte de organizaciones sociales antes que por los servicios sanitarios formales. A partir de aquel relevamiento, el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Nación, impulsó en el 2020 una actualización de la Guía para equipos de salud de Atención de la Salud Integral de Personas Travestis, Trans y No Binaries. Además, también presentó la Guía de Recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias travestis, trans y no binaries.

Fue decisión del Ministerio de Salud de la Nación invertir en dispositivos para reforzar y crear instancias de prevención e información en salitas, escuelas, organizaciones sociales, establecimientos sanitarios, y otras instituciones.

Los dispensers de preservativos, los modelos de penes de madera, los maletines, y los materiales pedagógicos, apuntan a un objetivo mayor: la detección prematura y prevención de infecciones de transmisión sexual. Una política de acción positiva que tiene como destinatarias a las poblaciones más afectadas por la problemática que pretende atender. 

Frente a la polémica desatada en redes sociales por los titulares malintencionados de los medios masivos de comunicación, la ministra de salud,  Carla Vizotti declaró en su cuenta de twitter: “El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral en nuestra sociedad. Las prácticas sexuales protegidas previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo”.

Claro está que frente a las dificultades para el acceso a la salud y la prevención de infecciones de transmisión sexual, así como la alta prevalencia de las mismas en las personas travestis y trans, no son suficientes las campañas de prevención. La necesidad de que se contemple la salud integral de las travestis y trans en Argentina como una cuestión de Estado es una urgencia.

En ese sentido, la efectiva implementación de la Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins en nuestro país es fundamental en la lucha del acceso a la vida digna, salubre y cuidada de la población travesti trans. El acceso a un empleo formal debe garantizar también el derecho a una adultez digna y a una cobertura médica, por lo que se debe contemplar dentro del concepto de salud integral. Para que la salud deje de ser un privilegio cis y pase a ser un derecho para todes, queda mucho camino por recorrer y muchas estructuras de desigualdad por desarmar.

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