Las violencias hacia el colectivo travesti-trans en el sistema penitenciario bonaerense

Por Redacción Agencia sudaka TLGBINB

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual: “El sistema de la crueldad XV, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la Provincia de Buenos Aires”. Consiste en un extenso trabajo realizado en el año 2020 que documenta las acciones coordinadas por la Comisión, y un análisis sobre las políticas de seguridad, penitenciarias, de niñez, de salud mental y de justicia implementadas en la provincia de Buenos Aires. De estos ejes se desprende el diagnóstico sobre la condición crítica de las cárceles bonaerenses. Esta investigación cuenta con una apartado particular que da cuenta de la situación en la que se encuentran  las personas travestis y trans privadas de su libertad. 

El informe de la CPM

El organismo plantea que existe una disociación de las políticas promovidas por el Ministerio de Justicia con las políticas de seguridad, que son punitivistas y de mano dura. Explica que las políticas de seguridad de la provincia, promovidas desde la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni, intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías.

El informe pone de manifiesto que el encarcelamiento de la población trans se vincula estrechamente con el endurecimiento de la persecución del narcotráfico que se limita a encerrar a los eslabones más débiles de la cadena delictiva. Explica que esta situación es provocada por las diferentes situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentra esta población: pobreza, exclusión del mercado laboral, desigualdad y violencias estructurales derivadas del sistema patriarcal. 

Según los datos del informe, el número de detenciones de personas travestis y trans disminuyó en los primeros meses de aislamiento por la pandemia (marzo y abril). Pero en septiembre comenzó a aumentar hasta llegar, hacia fines de 2020, a niveles superiores a marzo. También es preocupante que hasta el mes de diciembre, el 82% de las personas travestis y trans procesadas y detenidas sin prisión preventiva, eran inocentes ante la ley. Mismo porcentaje para este indicador que el arrojado en el año 2019.

Leer las violencias en clave interseccional

Un dato fundamental que arroja el informe es que del total de la población en los establecimientos penitenciarios,  el 55% es de nacionalidad extranjera. La población trans extranjera en situación de encierro se encuentra con muchas más adversidades por no poder recibir visitas, estar cerca de sus familias y/o acceder a comida, medicamentos y vestimenta que muchas veces los afectos proveen. Elementos necesarios ante la gran vulneración de derechos que persiste en el sistema carcelario argentino. A esta situación se le suma el estigma, la xenofobia y el racismo estructural que opera desde las instituciones penitenciarias y la justicia.

El Informe Diagnóstico 2018 – 2019 “Personas travestis y trans en situación de encierro” realizado por OTRANS ARGENTINA, relevó que de la población travestis y trans alojada en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, un 58,3% provienen de Perú y un 11,7% de Ecuador. La mayoría de mujeres travestis y trans privadas de la libertad migrantes, destaca el informe, no están procesadas, esperan una condena firme o la libertad. Al respecto, resalta las dificultades que tienen en el proceso legal, ya que muchas enfrentan grandes problemáticas a la hora de tener contacto con abogades o defensores, quienes no suelen tener una comunicación o recibir visitas periódicas. Es frecuente que su condición sea agravada cuando sus trámites migratorios están en trámite, o bien poseen una residencia precaria. 

Estos datos resultan de gran relevancia porque permiten pensar y atender la situación desde una perspectiva transfeminista e interseccional: cuando el género, la orientación sexual, la nacionalidad, la raza y la clase son factores de opresión, la desigualdad y la violencia resultan cada vez más pronunciadas y peligrosas.

La violencia sexual es una de las que más afecta a las poblaciones travestis y trans, dentro y fuera de las cárceles. El informe de la CPM pone de relieve que el control y el sometimiento de los cuerpos de las personas travestis, trans y mujeres, es una cuestión sistemática que se replica con mayor violencia en los contextos de encierro. La CPM incluye en su informe, entre otros hechos aberrantes para la dignidad humana, el relato de de dos casos de violencia sexual efectuados en la Unidad Penitenciaria 40 de Lomas de Zamora que aloja mujeres cis y varones trans. 

El informe también da cuenta de una sistemática vulneración al derecho a la identidad: la Ley de Identidad de Género N°26.743 no es cumplida en su gran mayoría por las unidades penitenciarias. El documento elaborado por la Comisión indica que los varones trans son altamente invisibilizados y vulnerabilizados en los centros de encierro, se les niega la identidad al alojarlos en unidades penitenciarias asignadas para mujeres y se los registra como parte de esa población.

Del mismo modo resalta el informe realizado por OTRANS ARGENTINA: si bien en Argentina se han realizado múltiples avances en materia de identidad de género, “el sistema penitenciario ha quedado en un desfase teórico que se traduce en el ejercicio de prácticas institucionales que no logran dar una respuesta adecuada”

El acceso a la salud en las cárceles bonaerenses

La CPM determinó que las personas travestis y trans -a raíz de la violencia sistemática acrecentada por el contexto de pandemia- son las más afectadas en las unidades penitenciarias. En diciembre de 2020, en la alcaldía Pettinato, se registraron los hechos más graves y preocupantes de la provincia en esta población: 11 personas travestis y trans fueron detenidas en y alojadas en espacios en condiciones inhumanas, y fueron maltratas y torturadas por parte del personal de la custodia.

La CPM intervino y tomó testimonio a las víctimas de las violaciones  en esa unidad penitenciaria. Realizó la presentación de un habeas corpus colectivo en favor de la población travesti y trans detenida. Les denunciantes manifestaron que, a partir de este reclamo colectivo, fueron trasladadas a otro pabellón en peores condiciones habitacionales. Señalaron que la celda estaba ocupada por dos varones, eran extremadamente pequeñas, y debían bañarse en duchas de agua fría. 

En los casos de personas detenidas con enfermedades crónicas, como VIH o EPOC, tuvieron demoras en el acceso a medicamentos, dificultades para la provisión de dietas adecuadas y falta de controles médicos periódicos. El informe concluye que existió un agravamiento pronunciado en el acceso a la salud de las personas travestis y trans afectadas respecto a su situación antes de ingresar a la alcaldía Pettinato.

Al respecto, el informe de OTRANS revela que en las unidades penitenciarias pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, hasta el 2018, el 73,3% de la población encuestada padece algún tipo de enfermedad. De ese porcentaje, el 59% vive con VIH y, en relación a la atención general en salud, el 35% determinó no haber recibido atención médica a pesar de haberla necesitado.

El contexto de pandemia acrecentó esta situación de violencia, marginación y discriminación en los establecimientos penitenciarios. El acceso a la salud, obstaculizado frecuentemente en años anteriores -faltante de medicamentos, interrupción de tratamientos hormonales, negativa del acceso a atención médica, condiciones insalubres habitacionales- empeoró por la crisis sanitaria que puso a las unidades penitenciarias en gran alerta epidemiológica. 

La superpoblación de los establecimientos carcelarios impide el distanciamiento social, una medida fundamental para la prevención del COVID-19. Las condiciones edilicias carcelarias no cuentan con las condiciones para los cuidados requeridos ante la pandemia, como la cantidad mínima indispensable de ventanas que permita la circulación del aire y la ventilación cruzada. Además, la CPM detectó que, en algunas unidades penitenciarias, el agua ni siquiera es apta para consumo humano, por lo que no solo no puede ser bebida -lo que afecta altamente a la salud de les privades de su libertad- sino que además, no es viable para la higiene necesaria para prevenir infecciones. 

Esta situación de riesgo, si bien afecta a todas las personas que se encuentren alojadas en unidades penitenciarias, se acrecenta en el caso de las personas de poblaciones vulnerables en las cárceles debido a los factores preexistentes mencionados.

La violencia estructural e histórica

Lo expuesto da cuenta de la situación que padecen las personas travestis y trans privadas de su libertad. Un camino de violencias que empieza con la marginalidad y exclusión social que las expone a detenciones arbitrarias y armado de causas) seguido del trato inhumano por el personal penitenciario y la constante vulneración de los derechos humanos.

Tanto el sistema carcelario como el Poder Judicial actúan con lógicas patriarcales y trans-odiantes, desconociendo la desigualdad estructural existente en esta población. Es urgente la voluntad política de realizar una de una reforma judicial con perspectiva transfeminista, nacional y popular, que tenga en cuenta las violencias leídas en clave multidimensional y interseccional; es urgente que se diseñen e implementen políticas públicas integrales para las poblaciones vulnerables y se realice una efectiva capacitación obligatoria con perspectiva de género, como lo dispone la Ley Micaela N° 27.499.

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