Reflexiones en torno al caso de la niña wichí de Salta que murió tras haber perdido un embarazo

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad de Tartagal investiga la posibilidad de abuso sexual, situación que las familias de ambas partes de la pareja niegan por el hecho que convivía con su pareja de 16 años. Además, la niña perdió el embarazo en una situación dudosa: no se conoce si fue por mala praxis por parte del equipo médico o por causas naturales de un cuerpo pequeño que no tolera llevar adelante un embarazo y un parto.

En esta nota reflexionamos sobre el embarazo adolescente, el acceso a la información y a las instituciones educativas; y los derechos en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva desde una mirada interseccional y decolonial.


Los casos de niñas embarazadas aterran. Desde que el aborto legal se instaló en agenda como una bandera de la lucha feminista con el estallido del #NiUnaMenos, comenzamos a escuchar la consigna #NiñasNoMadres y, desde todos los flancos, se buscó posibilitar el acceso a cada persona con capacidad gestante a una formación adecuada sobre los cuidados en materia por el derecho a la salud integral. 

Según Amnistía Internacional “América Latina y el Caribe es la región con mayores porcentajes de embarazos no deseados en niñas menores de 15 años en el mundo.  La crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha agravado aún más esta situación, intensificando los riesgos y desigualdades para la salud y el futuro de las niñas latinoamericanas”.

 El caso es que en Argentina, por ejemplo, muchos grupos de la sociedad aún rechazan la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral N° 26.150 que existe desde el año 2006. La normativa establece que “todos los educandos de los distintos niveles del sistema educativo, tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de jurisdicción nacional, provincial y local”. Cuando ocurre un caso de embarazo adolescente o preadolescente enseguida pensamos en la ESI y renegamos porque su implementación no es adecuada. Pero ¿qué sucede en aquellas comunidades donde el mismo acceso a la educación no es igualitario?

El caso de la niña wichí de Pacará, Salta

Las versiones en torno al caso de la muerte de la menor integrante de la comunidad wichí de Pacará son poco claras. Tenía 13 años. Fue trasladada a Tartagal con un cuadro de preeclampsia (presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos como el hígado y los riñones) y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Luego de perder el embarazo se la indujo a un coma y una semana más tarde falleció en el hospital.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad de Tartagal investiga la posibilidad de abuso sexual, situación que las familias de ambas partes de la pareja niegan por el hecho que convivía con su pareja de 16 años. Además, la niña perdió el embarazo en una situación dudosa: no se conoce si fue mala praxis por parte del equipo médico o por causas naturales de un cuerpo pequeño que no tolera llevar adelante un embarazo y un parto.

La situación de la comunidad

 Según el Informe de Natalidad y Mortalidad del Ministerio de Salud de la Nación, Salta se ubica en cuarto lugar en el índice de embarazos adolescentes, en un 77% no buscados. Según indicadores locales de salud, durante el 2020 fueron 122 los casos de niñas menores de 15 años que cursaron embarazos en la provincia. La tasa de mortalidad infantil es de 15 cada 1000 nacimientos. 

No sólo la falta de información en torno a cuidados de la salud integral en términos de derechos reproductivos y no reproductivos es uno de los factores que preocupan a nivel nacional y uno de los ejes que aborda la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El propio Enrique Basualdo, presidente de la comunidad wichí de Pacará que se encuentra 40 km al este de la ciudad de Tartagal, denunció que algunas enfermedades como anemia y parásitos, que sufren las mujeres, se deben a que no pueden contar con acceso a bienes básicos como agua potable, luz y gas. 

En la actualidad, un grupo de Mujeres Originarias Autoconvocadas realizó la denuncia por violación reiterada de sus derechos: “Quienes pagan las consecuencias son las mujeres con sus propios cuerpos. Exigimos respeto y respuestas a las comunidades: informes de la situación de embarazos infantiles, informes de las políticas públicas de educación sexual integral y métodos de prevención”, señalaron. Además, exigen al gobierno provincial que arbitre los medios necesarios para la correcta atención de las personas de las comunidades.

Algunos disparadores para reflexionar

En Argentina el 30% de las adolescentes que abandonan la escolaridad lo hacen por embarazo o maternidad (Fuente: Amnistía Internacional), ¿cabría pensar en el hecho de generar políticas públicas de educación sexual, por fuera del ámbito educativo escolar, para quienes no pueden o no desean acceder a dichas instituciones? ¿De qué forma se puede pensar el acceso a servicios esenciales de salud integral, en términos de derechos reproductivos y no reproductivos, como la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo en aquellos lugares donde aún ni siquiera cuentan con la cobertura de servicios básicos? 

En septiembre del año 2020, el Gobierno de Salta llevó a cabo un taller virtual para prevenir el embarazo en la adolescencia. La brecha digital es enorme, situación que se acrecentó y visibilizó más en contexto de la pandemia. ¿Cómo podríamos pensar que aquellos grupos que no tienen acceso a servicios básicos podrían contar con internet y un dispositivo para conectarse?

Si leemos el caso desde una moral construida en base a privilegios de género, clase y raza, corremos el riesgo de caer en absolutismos: ¿Cuál es la idea de progreso y desarrollo que subyace a nuestras opiniones? ¿Dónde quedan los saberes y cosmovisiones ancestrales de las comunidades y pueblos originarios en nuestra cultura? Tal vez sea momento de reconocer cuánto de esto nos conmueve y nos moviliza a seguir demandando dignidad, salvaguarda y respeto de todas las vidas en igualdad de condiciones.

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