Tierra por la Vida Digna. Resistir con los pies en la Tierra.

Por Julio Villafañe para Agencia Sudaka

Sabemos que la tierra es nuestra, que es un derecho adquirido por nacer en ella, por cuidarla, por trabajar la propia tierra de la que se come y por la dignidad humana de todas y todes. Así como en el campo resiste el Movimiento Campesino, en Córdoba resiste Ramona Bustamante, en Entre Ríos el Proyecto Artigas le planta bandera y agricultura comunitaria a los hermanos Etchevere y a toda su horda de cómplices en la justicia.

En el sur, de un lado y otro de la cordillera resisten las comunidades Mapuche y Tehuelche y, en el norte, la comunidad Wichi resiste con la panza hambrienta las represiones y el acoso policial y empresario. También resiste Rosario, por los humedales incendiados que iluminaron las pantallas mientras el fuego nos resplandecía en la cara; y hoy son les compañeres en Andalgalá resistiendo las detenciones ilegales por defender la tierra contra el avance de la megaminería extractivista. En las sierras cordobesas, año tras año, el fuego mega inmobiliario amigo, por el trazado de la autovía de montaña, arrasa con las miles de hectáreas que la ley de bosque no llega a proteger. Mientras, en la ciudad, en sus barrios y en sus márgenes, las villas de emergencia resisten sin agua potable, sin cloacas, con pozos negros que se hunden, en una constante expulsión y violencia contra las familias que se organizan para conseguir un pedazo de tierra habitable. También resistieron las familias de Guernica, con las mujeres y sus hijes en brazos huyendo en la oscuridad de la noche, y en el desamparo estatal, bajo una línea de fuego que marcaba una clara frontera entre el derecho a la vivienda y la primacía de la propiedad privada.  Y es faro de resistencia el grito poderoso en las villas como el de Ramona Medina en Villa 31, y el de quienes siguen parando la olla, soportando la desidia y el abandono sin agua y en el hacinamiento de la falta de políticas públicas que contemplen la emergencia, la necesidad y el derecho a condiciones dignas de habitabilidad para todas y todes.

Aún si quisiéramos entender que es válida la técnica de acoso o de quema de los campos que las grandes empresas constructoras y desarrollistas implementan en todo el país para quedarse con territorios protegidos o adquirir, a precios risibles, extensiones que se incorporan a sus planes inmobiliarios. Aún reconociendo la potestad estatal sobre el derecho a las tierras que es ancestral, originaria, previo a la conformación de lo que hoy conocemos como Estados Nacionales, debemos remarcar que el Artículo 14 bis de la constitución nacional argentina prevé: El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

La crisis sanitaria global ha recrudecido las desigualdades estructurales, desviado las ayudas y subsidios estatales, siempre insuficientes, hacia sectores que anteriormente se encontraban fuera del alcance y la necesidad de estas políticas. Lo cual incrementó la brecha entre pobres y más pobres. Las condiciones habitacionales de los sectores más empobrecidos se perpetúan en el tiempo por la falta de respuestas concretas y políticas que garanticen el acceso a los programas de vivienda aun para personas que no tienen trabajo formal o cuyos ingresos no alcanzan para cubrir un cuota mensual que supera un Salario Mínimo Vital y Móvil.

En julio del año 2020 se presentó un proyecto de ley para atender la emergencia habitacional de las personas Trans y Travestis en la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto, de un conjunto de legisladoras entre las que se encuentra Ofelia Fernández, Lorena Pokoik y Victoria Montenegro, se fundamenta, en parte, con los datos recabados en el informe de la Secretaría Letrada en Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad, “La Revolución de las Mariposas” (2017), una actualización de los datos sistematizados por primera vez por un equipo liderado por Lohana Berkins en “la Gesta del Nombre Propio” (2005).

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A más de una década de los primeros datos, y con la aprobación de la Ley de Identidad de Género en medio, la Revolución también da cuenta de la resistencia trava, tras años siendo uno de los colectivos más postergados de la sociedad. Las travestis y trans resisten el embate del sector inmobiliario formal, accediendo a pensiones en muy malas condiciones de salubridad e higiene y, particularmente de seguridad, a precios elevadísimos, sin la garantía de un contrato que resguarde sus derechos como inquilinxs. Y además, sin la tutela estatal que el artículo 14 bis ya citado debiera garantizar para cualquier ciudadane argentine que goza plenamente de los derechos allí establecidos. La población travesti trans en esas condiciones habitacionales precarias era un 65% del total encuestado. Mientras que el porcentaje de personas que podían alquilar una vivienda única correspondía al 22.5%, casi cuatro puntos porcentuales menos que en el años 2005 (26.3%).

También hubo un incremento de la imposibilidad de acceder a la vivienda propia en el mismo período, del 8.8% que tenía vivienda propia en el 2005 el informe de la Revolución de las Mariposas indicaba un 5.9%.

Respecto al contexto en el que se presentó el proyecto, Marlene Wayar indicaba en una entrevista a esta Agencia: “no hay una política pública que sea activa, sino una política pública que intenta sostener cada vez más los intereses particulares de una minoría de empresarios y vaciar todo lo que tiene que ver con la ayuda social y el interés por le otre”.

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Organización y Resistencia.

Desde el movimiento social Tierra para la Vida Digna, fue lanzada una campaña audiovisual colaborativa para organizar y continuar la resistencia en todo el territorio nacional por la defensa, el cuidado y la preservación de las tierras para el uso de les que la necesitan para vivir. El reclamo del acceso a la tierra para una vida digna tiene que ver con la realidad actual en la que el 20% de la población que concentra el 80% de los recursos goza de viviendas para distintas épocas del año, incluso de bienes inmuebles de fines de semana, Mientras tanto, otros sectores peregrinan oficinas gubernamentales, duermen en la vía pública ante la indiferencia de todas y cada una de las personas que pasan por las peatonales o las estaciones de trenes y buses.

Fortalecer redes de solidaridad y autodefensa es el objetivo de la campaña que, en redes sociales, invita a visibilizar la problemática. En esa medida, la apertura de la convocatoria se propone difundir el material recibido y receptar aportes de todes quienes quieran contribuir con la cobertura, a un proceso de comunicación comunitaria elaborada a partir de casos paradigmáticos. Asimismo, esta iniciativa se gesta, especialmente, en pos de desnudar la sistematicidad de las prácticas excluyentes y expulsivas de las políticas de desarrollo urbanístico en las ciudades de todo el territorio nacional. Es un trabajo que se viene realizando desde hace varios y que resurge ante la avanzada de la problemática de las personas que alquilan, de las familias sin acceso a la posibilidad de alquilar o en situación de calle, de las familias y comunidades desalojadas ilegal y violentamente de sus tierras en los campos que se saquean para el monocultivo y la explotación ganadera; “es un intento de visibilizar y conectar las situaciones que parecen desconectadas pero que todas tienen al fin y al cabo un origen común: el acceso a la tierra […] es un intento de construir herramientas transversales a todas las personas, organizadas o no, que esten hartas de estas situaciones de abuso e injusticia

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